Un mega operativo simultáneo ejecutado en las ciudades de Tumbes, Chiclayo, Trujillo y Lima permitió desarticular una presunta organización delictiva que, de acuerdo con la Fiscalía, estaría liderada por el gobernador regional de Tumbes, Segismundo “Chicho” Cruces Ordinola, quien fue detenido anoche en la capital.
La intervención fue dirigida por la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tumbes, que investiga a la autoridad regional y a su entorno cercano por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado.
La medida judicial fue emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, a solicitud del Ministerio Público. Esta dispuso detención preliminar por 15 días contra los investigados, además del allanamiento de inmuebles con descerraje, registro domiciliario, incautación de bienes y levantamiento del secreto de las comunicaciones.
Entre los investigados figuran Zoila Cuéllar Garay, pareja sentimental del gobernador, así como Luis Peña Alburquerque, Carmen Guerrero Jaime y Lauren Egusquiza Flores, quienes también están con orden de detención.
Como parte del operativo, las autoridades allanaron 16 inmuebles vinculados a los investigados. Tres de ellos pertenecerían al gobernador regional. También propiedades de Antonio Peña Alburquerque; Britty López León, candidata a diputada por Alianza Para el Progreso, Allín Gonzales Morán y Melina Gonzales Morán, con dos predios en Zarumilla.
Mientras que en Tumbes se allanaron las viviendas de Alberto Espinoza Helguero; Zoila Cuéllar Garay; Yesenia Egusquiza Flores; Nik Rojas Prescott ; Carmen Guerrero Jaime y Carlos Blas Calvo, en Trujillo.
Asimismo, se incautó unas propiedades en el sector Cerro Blanco, distrito de San Juan de la Virgen, un predio en el cercado de Chiclayo y al menos seis vehículos de Zoila Cuellar y Yesenia Egusquiza, respectivamente.
Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de una investigación destinada a desarticular presuntas redes de blanqueo de capitales y corrupción dentro de la administración pública regional. El caso continúa en etapa de investigación fiscal.
