La Dirección Regional de Salud de Tumbes (DIRESA Tumbes) y el Hospital Regional JAMO – II-2 vuelven a estar en el centro de la polémica tras confirmarse el pago de la bonificación especial establecida en el Decreto de Urgencia N.º 037-94 a un grupo de trabajadores, pese a que no existiría sustento legal vigente que habilite dichos desembolsos.
En el caso de la Dirección Regional de Salud, ya se habría efectuado el giro correspondiente, lo que agrava aún más la situación. Sin embargo, en el Hospital Regional no se logró concretar dicha operación debido a presuntos actos administrativos poco claros, decisiones que habrían sido adoptadas por funcionarios del propio nosocomio.
Pese a ello, se continúa con la investigación de todos los hechos administrativos que, de manera preliminar, presentarían aparentes irregularidades, a fin de determinar responsabilidades y esclarecer el manejo de los procedimientos ejecutados.
UN BENEFICIO EXEPCIONAL QUE YA NO CORRESPONDE
El Decreto de Urgencia N.º 037-94, emitido en 1994, estableció una bonificación excepcional y temporal para determinados profesionales de la salud, docentes y personal administrativo y asistencial de los sectores Salud y Educación, en un contexto económico específico que ya no se encuentra vigente.
Con el paso de los años, este beneficio no fue incorporado de manera permanente a las remuneraciones, ni reconocido como derecho automático para todo el personal. Por el contrario, pronunciamientos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), SERVIR y la Contraloría General de la República han sido reiterativos en señalar que la bonificación 037-94 no puede ser pagada de forma indiscriminada ni sin mandato legal expreso.
PAGOS QUE HABRÍAN VULNERADO EL MARCO NORMATIVO
Pese a estas restricciones, la DIRESA Tumbes y el Hospital Regional JAMO habrían autorizado el pago de este concepto a determinados trabajadores, generando serios cuestionamientos sobre:
• La legalidad del procedimiento administrativo,
• La existencia (o no) de informes legales y presupuestales favorables,
• Y la responsabilidad de los funcionarios que autorizaron el desembolso.
Fuentes vinculadas al sector señalan que no existiría opinión favorable del MEF ni de SERVIR, lo que agrava la situación y abre la posibilidad de un perjuicio económico al Estado.
POSIBLES RESPONSABILIDADES
De confirmarse que los pagos se realizaron sin respaldo legal, los funcionarios involucrados, tanto de la DIRESA como del Hospital Regional JAMO, podrían enfrentar responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales, conforme a la normativa vigente sobre uso de recursos públicos y responsabilidad funcional.
Asimismo, correspondería la intervención de la Contraloría General de la República, a fin de determinar si se configuró una irregularidad en la ejecución del gasto y si procede la devolución de los montos indebidamente pagados.
SILENCION INSTITUCIONAL
Hasta el cierre de esta nota, ni la DIRESA Tumbes ni la dirección del Hospital Regional JAMO han emitido un pronunciamiento oficial que explique bajo qué criterios legales y técnicos se autorizó el pago de la bonificación 037-94, alimentando las dudas y la preocupación ciudadana.
Lo ocurrido reabre un debate de fondo:
¿Quién controla el uso de los recursos públicos en el sector salud regional y por qué se siguen aplicando normas que ya no tienen vigencia práctica?
