Lo que inició como una protesta por derechos laborales frente al Gobierno Regional de Tumbes, terminó exponiendo una grave denuncia que pone en el centro del debate la atención a los pacientes más vulnerables.
Mientras personal del Hospital Regional Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría – JAMO II y de la Dirección Regional de Salud de Tumbes exigía presupuesto para nombramientos y mejoras laborales, un adulto mayor permanecía por horas dentro de una ambulancia, sin ser recibido en el área de emergencia.
El paciente, trasladado en condición delicada, dependía únicamente del oxígeno de la unidad móvil. Sin embargo, según la denuncia, el personal de turno se habría negado a recibirlo argumentando que el hospital no contaba con oxígeno disponible, manómetro ni camilla.
La situación fue calificada por testigos como un presunto abandono de paciente. El conductor y responsable del traslado insistía desesperadamente ante los médicos de turno para que el adulto mayor sea ingresado, mientras el tiempo corría y el oxígeno se agotaba.
Lo más alarmante —según lo reportado— es que mientras se desarrollaba esta escena, algunos trabajadores circulaban por los pasillos sin atender el caso, generando indignación entre familiares y ciudadanos que presenciaron los hechos.
La protesta por derechos laborales es legítima. Sin embargo, el derecho a la salud y a la atención oportuna también lo es. Cuando una persona en estado crítico no es recibida en emergencia, la discusión deja de ser administrativa y se convierte en una cuestión de responsabilidad ética y legal.
El caso ha generado fuertes cuestionamientos sobre la capacidad operativa del hospital y la prioridad real que se le está dando a los pacientes en situaciones límite.
